La guerra de cifras en la elaboración de listas de disidentes presos
introduce confusión en el proceso de excarcelaciones
FERNANDO GARCÍA | LA HABANA | 17/10/2010 | Actualizada a las 03:31h |
Internacional
Cuántos presos políticos quedan en las cárceles cubanas? La disparidad
entre las respuestas de grupos disidentes, organizaciones de derechos
humanos y países interesados es tan amplia que roza el absurdo. Mientras
unos ven el tema prácticamente zanjado tras las liberaciones y anuncios
de los últimos meses, otros manejan listas cada vez más complejas o
hablan de "centenares" de prisioneros de ese tipo.
Radiografía carcelaria
POBLACIÓN RECLUSA 55.000-80.000 Las cifras oscilan entre los 55.000
presos estimados por la ONU y los 80.000 de la disidente Comisión por
los Derechos Humanos y la Reconciliación de Cuba, incluidos los
recluidos en hospitales penitenciarios.
PRISIONES 200 según fuentes opositoras, de las cuales 100 son campos de
trabajo, 50 centros de alta seguridad y otros 50 de seguridad media.
Presos políticos
POR TERRORISMO Y VIOLENCIA
Delitos de sangre: tres condenados a muerte. Ernesto Cruz y Otto
Rodríguez por un atentado con un muerto, y Humberto Eladio por matar a
un militante comunista. Actos de fuerza: 11 sentenciados a cadena
perpetua. Cuatro por el secuestro de una lancha de pasajeros y siete por
el intento de secuestro de un avión.
CONTRARREVOLUCIONARIOS CON CARNET
36 presos de los más de 100 clasificados como "contrarrevolucionarios"
son militantes de organizaciones, unas pacíficas y otras acusadas de
terrorismo.
EXCARCELABLES POR TIEMPO DE CONDENA
69 presos políticos son excarcelables por haber cumplido más de la mitad
de sus penas. Cumplen de uno a treinta años de cárcel.
El asunto adquiere especial importancia ahora que Raúl Castro acaba de
confirmar con los hechos su disposición a extender las excarcelaciones
más allá de lo pactado con la Iglesia en julio.
El presidente cubano se comprometió entonces ante el cardenal Jaime
Ortega a poner en libertad a 52 presos políticos en el plazo de "tres o
cuatro meses", con prioridad para los que accedieran a trasladarse a
España. Se trataba de aquellos que, dentro del grupo de los 75 detenidos
en la Primavera Negra (2003), aún permanecían en prisión en aquel
momento. A fecha de hoy, las excarcelaciones en este grupo suman 39. Así
que sólo quedan 13 por salir, aunque la mayoría de estos se niegan a
viajar a España.
Pero el pasado sábado la Iglesia cubana, encargada de comunicar las
liberaciones, anunció la próxima salida de la cárcel de tres reclusos
que no figuran entre aquellos 52. Uno de estos tres, Rolando Jiménez
Posada, condenado a doce años por revelación de secretos de la Seguridad
del Estado y desacato, figura entre los adoptados por Amnistía
Internacional (AI) como "presos de conciencia". Su excarcelación y las
de los que restan de la Primavera Negra pondrían a cero la lista de la
respetada organización.
Las tres liberaciones extra corroboraban, por otra parte, dos anuncios
anteriores respecto a la política de cierta manga ancha prevista por
Raúl Castro en este tema: uno, el que el presidente del Parlamento
cubano, Ricardo Alarcón, hizo a finales de julio en el sentido de que el
Gobierno liberaría a "todos" los presos políticos sin delitos de sangre;
y dos, el formulado a primeros de este mes por el portavoz de la
disidente Comisión por los Derechos Humanos en Cuba, Elizardo Sánchez,
sobre una nueva e inminente excarcelación "masiva" que beneficiaría
incluso a algunos condenados por "terrorismo", aunque él y otros
opositores cuestionan la veracidad de dicho cargo.
Sánchez ha ejercido durante años como portavoz disidente en lo referido
a los presos en la isla. Su lista de reclusos por motivos políticos
asciende actualmente a 101, pero, aunque suele tomarse como referencia,
su composición es muy controvertida. Sobre todo porque en ese centenar
se incluyen los nombres de dos condenados por un atentado terrorista con
un muerto, los salvadoreños Ernesto Cruz y Otto Rodríguez; a un tercero,
Humberto Real, declarado culpable de asesinar a un militante comunista;
a cinco cómplices de este último, y a más de cuatro decenas de convictos
por terrorismo, actos de sabotaje, tenencia de armas, espionaje y piratería.
Las combativas Damas de Blanco - esposas y madres de los 75-se
desmarcaron hace semanas de la lista de Sánchez, precisamente por
considerar que los implicados en delitos de sangre y otros hechos
violentos deben ser excluidos del proceso. Pero el miércoles último las
Damas entregaron a la Iglesia una lista propia con 113 nombres de presos
que, a su juicio, el Gobierno debería añadir a los 52 mencionados. Según
la portavoz del movimiento, Laura Pollán, el documento acoge sobre todo
a decenas de reclusos con derecho a la libertad condicional por haber
cumplido más de dos tercios de condena, así como a otros con expedientes
judiciales no públicos o dudosos.
Más moderadas parecen las expectativas de la Iglesia y el Gobierno
español, que también manejan informes de disidentes y familiares. Pese a
su discreción al respecto, puede estimarse que ambas instituciones
aspiran a que las liberaciones suplementarias a las del dossier de la
Primavera Negra sumen de 60 a 80.
El listón más alto, incluso por encima de la disidencia interna, lo
ponen el Partido Popular español y la organización Human Rights Watch
(HRW). Uno y otra aseguran que en Cuba quedan cientos de presos
políticos aparte de los que está previsto liberar: una presunción aún
más negativa que la de Estados Unidos, que suele hablar de "más de cien".
La postura del PP es, no obstante, compleja. Días después de que su
portavoz de Asuntos Exteriores, Gustavo de Arístegui, denunciara la
existencia de esos "centenares" de reclusos, su grupo entregó al
Gobierno un documento con sólo 27 excarcelables.
Tanta confusión en torno al número de presos políticos en Cuba sólo se
explica teniendo en cuenta algunas peculiaridades jurídicas y políticas.
Una porción importante de presos reivindicados por su actividad política
fueron condenados bajo acusaciones de delincuencia común. Otros están
entre rejas por "peligrosidad social predelictiva", controvertida figura
penal de amplísimo espectro. O por vulnerar la ley de Protección de la
Independencia Nacional, que la oposición ha rebautizado como ley mordaza
por su enorme "discrecionalidad".
El enconamiento político entre las partes y los intereses personales y
hasta materiales de una parte de la oposición tampoco son ajenos a la
guerra de cifras. No es un secreto que EE. UU. dedica decenas de
millones de dólares a lo que Washington y sus leyes de embargo llaman
"apoyo a la democracia en Cuba", aunque la mayor parte del dinero se
queda en Miami.
La existencia de un número considerable de presos es un argumento
crucial para la oposición, lo que también juega a favor de las listas
más numerosas.--- Estiren o no los números, los disidentes se quejan por
otra parte de lo que ven como "destierro" de los excarcelados, aunque
todos los que han viajado firmaron una declaración de voluntariedad.
Esta semana, el Gobierno ofreció el traslado a EE. UU. a la familia de
Orlando Zapata, el preso fallecido en huelga de hambre, y a siete ex
reclusos con licencia extrapenal por enfermedad, de los que cinco
aceptan y dos reclaman el derecho a salir y volver libremente.
Algunos sectores de la disidencia, como las propias Damas de Blanco y la
comisión de Elizardo Sánchez, empiezan a cambiar y diversificar sus
discursos para poner menos énfasis en estos reclusos y más en los
derechos cívicos y culturales, en general, así como en los problemas
económicos del país, el recorte de empleo público en marcha (500.000
puestos de aquí a marzo) o la "insuficiencia" de la apertura a la
economía privada mediante la planeada concesión de cientos de miles de
licencias para el trabajo por cuenta propia."
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