LA HABANA, Cuba 18 de octubre, (Laritza Diversent, www.cubanet.org ) -El
diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, informó que
el gobierno permitirá la contratación de mano de obra, en 83 de las 178
actividades autorizadas para el ejercicio del trabajo por cuenta propia.
Una decisión que va contra lo establecido en la Ley Suprema del Estado
Socialista y en el Código Penal vigente.
La medida fue anunciada, el pasado 1ro de agosto en la última sesión de
la Asamblea Nacional, por Presidente del Consejo de Ministro, Raúl
Castro. Sin embargo, la Constitución de la República, que en su artículo
21 garantiza la propiedad sobre los medios e instrumentos de trabajo
personal o familiar, veda la contratación de mano de obra asalariada.
El ejercicio del trabajo por cuenta propia, actualmente un complemento
de la actividad estatal, es la opción que ofrece el Estado a más de un
millón de trabajadores excedentes en el proceso de amortización de
plantillas, que planea concluir en el primer trimestre de 2011.
El también Presidente del Consejo de Estado, anunció la eliminación de
varias prohibiciones que restringen el ejercicio del derecho a la libre
empresa, entre ellas la contratación de la fuerza de trabajo.
Considerada por el código penal, como un delito que conlleva pena de
hasta 3 años de privación de libertad y/o multa de hasta 25 000 pesos
moneda nacional.
La legitimidad de la medida anunciada por el gobierno, lleva implícita
una reforma constitucional y legal. La Carta Magna, concede esta
facultad exclusivamente al parlamento cubano. Exige además, que la
modificación sea avalada por el voto de las 2/3 partes de los 614
diputados integrantes del órgano supremo del Estado.
El texto constitucional aclara que, si la reforma se refiere a derechos
consagrados en la Constitución, como es el caso del ejercicio del
trabajo por cuenta propia, requiere además, "la ratificación por el voto
favorable de la mayoría de los ciudadanos con derecho electoral, en
referendo convocado al efecto por la propia Asamblea".
La reforma constitucional ofrecería garantías a los ciudadanos que
decidan ejercer este derecho. Primero, la imposibilidad de una nueva
restricción por libre voluntad política. No obstante, el gobierno guarda
silencia al respecto, aun cuando se excede en el ejerció de las
atribuciones reconocida, a la par que violenta preceptos constitucionales.
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