Francisco Chaviano González
LA HABANA, Cuba, octubre (www.cubanet.org) - Cincuenta años de propiedad
social en Cuba han dejado un nefasto resultado de ineficiencia, abuso
laboral y miseria. La industria se volvió obsoleta, los suelos se
convirtieron en poco productivos y la desidia se adueñó de todo. El
salario creció muy poco y la capacidad para adquirir bienes y servicios
se redujo alrededor de 50 veces.
La otrora azucarera del mundo ha terminado importando azúcar para su
consumo; lo mismo sucedió con el café, el tabaco y la producción
agropecuaria, que no cubre ni remotamente las necesidades en un país sub
poblado y con condiciones naturales excepcionales para la producción
agrícola.
Hace cincuenta años que la economía cubana no es sustentable, y aunque
este adjetivo está de moda hace algún tiempo, poco se ha hecho para
remediar la situación. Recientemente el presidente Raúl Castro informó
que más de un millón de trabajadores perderían su puesto de trabajo, en
un proceso de racionalización que prescindirá de quinientos mil en el
primer año. Al mismo tiempo declaró que no quedarían sin amparo, porque
se autorizará la creación de pequeñas empresas privadas.
La población está atemorizada por los despidos, y muestra poco
entusiasmo para montar pequeñas empresas. Los llamados del gobierno para
promover la propiedad particular son funestos. En dos ocasiones el
pueblo se ilusionó con aperturas de este tipo y terminó desengañado,
viviendo amargos momentos.
A principio de los años 80 el gobierno permitió el mercado libre
campesino, la producción y venta de los artesanos, y otros trabajadores
por cuenta propia; aquello terminó con operativos policiales conocidos
como Pitirre en el alambre, Operación adoquín, Operación maceta y otros,
donde casi todos terminaron esquilmados y algunos hasta presos.
A mediados de los 90, cuando la situación económica volvió a ser extrema
debido a la caída de los países socialistas de Europa, nuestros
gobernantes acudieron a la misma treta y los hechos se repitieron. Se
impusieron impuestos draconianos que acabaron con la mayoría de los
pequeños empresarios, asediados por los inspectores. Otros, empeñados en
sobrevivir, fueron empujados a la ilegalidad y el soborno, en una
espiral de inmoralidad. Los puestos de venta de productos agropecuarios
fueron cerrados, perdiendo los propietarios su instalación y el pueblo
los abastecimientos.
Ahora se repite la estratagema, con una perspectiva más amplia, y en
medio de una situación agravada por la necesidad que tiene el estado de
que se creen empleos para más de un millón de trabajadores, pero con la
inseguridad de las experiencias padecidas. No hay una ley que los
proteja, por lo que las nuevas pequeñas empresas que el Estado quiere
ahora que los cubanos creemos, estarán a merced de que mañana se les
expropie, sin más ni más.
Tampoco existe una superestructura que dé cobertura a su funcionamiento,
ya sea de la banca para operar financieramente o de venta mayorista para
adquirir materias primas e insumos. Estas pequeñas empresas tendrán que
adquirir los medios requeridos en las tiendas minoristas, donde ya están
gravados por un impuesto de 240%, producir bienes y servicios pagando
mano de obra y el impuesto estatal, que aún se desconoce, pero sin dudas
será muy alto, para luego vender su producto a un pueblo empobrecido y
generar ganancias. ¡Imposible!
Para subsistir, estas empresas tendrán que operar al margen de la ley,
comprando materiales robados, sobornando a policías e inspectores
corruptos y siempre a merced de la expropiación y otros males.
No comments:
Post a Comment